En realidad, más que un decreto suelto, era una política presidencial bien definida para la lucha contra el terrorismo en general, y no sólo contra el de los traficantes de droga, sino también contra otros casos de delincuencia común. El general Maza Márquez no expresó en los Consejos de Seguridad lo que en realidad pensaba del decreto, pero años más tarde -en su campaña electoral para la presidencia de la república- lo fustigó sin misericordia como «una falacia de este tiempo». «Con él se maltrata la majestad de la justicia -escribió entonces y se echa por la borda la respetabilidad histórica del derecho penal. «El camino fue largo y complejo. Los Extraditables -ya conocidos en el mundo como una razón social de Pablo Escobar- repudiaron el decreto de inmediato, aunque dejaron puertas entreabiertas para seguir peleando por mucho más. La razón principal era que no decía de una manera incontrovertible que no serían extraditados. Pretendían también que los consideraran delincuentes políticos, y les dieran en consecuencia el mismo tratamiento que a los guerrilleros del M-19, que habían sido indultados y reconocidos como partido político. Uno de sus miembros era ministro de Salud, y todos participaban en la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente. Otra de las preocupaciones de los Extraditables era una cárcel segura donde estar a salvo de sus enemigos, y garantías para la vida de sus familias y sus secuaces.
Se dijo que el gobierno había hecho el decreto como una concesión a los traficantes por la presión de los secuestros. En realidad, el proyecto estaba en proceso desde antes del secuestro de Diana, y ya había sido proclamado cuando los Extraditables dieron otra vuelta de tuerca con los secuestros casi simultáneos de Francisco Santos y Marina Montoya. Mis tarde, cuando ocho rehenes no les alcanzaron para lograr lo que querían, secuestraron a Maruja Pachón y a Beatriz Villamizar. Ahí tenían el número mágico: nueve periodistas. Y además -condenada de antemano- la hermana de un político fugitivo de la justicia privada de Escobar. En cierto modo, antes de que el decreto demostrara su eficacia, el presidente Gaviria empezaba a ser víctima de su propio invento.
Diana Turbay Quintero tenía, como su padre, un sentido intenso y apasionado del poder y una vocación de liderazgo que determinaron su vida. Creció entre los grandes nombres de la política, y era difícil que desde entonces no fuera ésa su perspectiva del mundo. «Diana era un hombre de Estado -ha dicho una amiga que la comprendió y la quiso-. Y la más grande preocupación de su vida era una obstinada voluntad de servicio al país. «Pero el poder -como el amor- es de doble filo: se ejerce y se padece. Al tiempo que genera un estado de levitación pura, genera también su contrario: la búsqueda de una felicidad irresistible y fugitiva, sólo comparable a la búsqueda de un amor idealizado, que se ansia pero se teme, se persigue pero nunca se alcanza. Diana lo sufría con una voracidad insaciable de saberlo todo, de estar en todo, de descubrir el porqué y el cómo de las cosas, y la razón de su vida. Algunos que la trataron y la quisieron de cerca lo percibieron en las incertidumbres de su corazón, y piensan que muy pocas veces fue feliz.
No es posible saber -sin habérselo preguntado a ella- cuál de los dos filos del poder le causó sus peores heridas. Ella debió sentirlo en carne viva cuando fue secretaria privada y brazo derecho de su padre, a los veintiocho años, y quedó atrapada entre los vientos cruzados del poder. Sus amigos -incontables- han dicho que era una de las personas más inteligentes que han conocido, que tenía un grado de información insospechable, una capacidad analítica asombrosa y la facultad divina de percibir hasta las terceras intenciones de la gente. Sus enemigos dicen sin más vueltas que fue un germen de perturbación detrás del trono. Otros piensan, en cambio, que descuidó su propia suerte por el afán de preservar la de su padre por encima de todo y contra todos, y pudo ser un instrumento de áulicos y aduladores. Había nacido el 8 de marzo de 1950, bajo el inclemente signo de Piscis, cuando su padre estaba ya en la línea de espera para la presidencia de la república. Fue un líder nato donde quiera que estuvo: en el Colegio Andino de Bogotá, en el Sacred Heart de Nueva York y en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, también en Bogotá, donde terminó la carrera de derecho sin esperar el diploma.
El arribo tardío al periodismo -que por fortuna es el poder sin trono- debió ser para ella un reencuentro con lo mejor de sí misma. Fundó la revista Hoy x Hoy y el telediario Criptón como un camino más directo para trabajar por la paz. «Ya no estoy en trance de pelear con nadie ni tengo el ánimo de armarle broncas a nadie -dijo entonces-. Ahora soy totalmente conciliadora». Tanto, que se sentó a conversar para la paz con Carlos Pizarro, comandante del M-19, que había disparado un cohete de guerra casi dentro del cuarto mismo donde se encontraba el presidente Turbay. La amiga que lo contó dice muerta de risa: «Diana entendió que la vaina era como un ajedrecista y no como un boxeador dándose golpes contra el mundo».
De modo que era apenas natural que su secuestro -además de su carga humana- tuviera un peso político difícil de manejar. El ex presidente Turbay había dicho en público y en privado que no tenía noticia alguna de los Extraditables, porque le pareció lo más prudente mientras no se supiera qué pretendían, pero en verdad había recibido un mensaje poco después del secuestro de Francisco Santos. Se lo había comunicado a Hernando Santos tan pronto como éste regresó de Italia, y lo invitó a su casa para diseñar una acción conjunta. Santos lo encontró en la penumbra de su biblioteca inmensa, abrumado por la certidumbre de que Diana y Francisco serían ejecutados. Lo que más le impresionó -como a todos los que vieron a Turbay en esa época- fue la dignidad con que sobrellevaba su desgracia. La carta dirigida a ambos eran tres hojas escritas a mano en letras de imprenta, sin firma, y con una introducción sorprendente: «Reciban de nosotros los Extraditables un respetuoso saludo». Lo único que no permitía dudar de su autenticidad era el estilo conciso, directo y sin equívocos, propio de Pablo Escobar. Empezaba por reconocer el secuestro de los dos periodistas, los cuales, según la carta, se encontraban «en buen estado de salud y en las buenas condiciones de cautiverio que pueden considerarse normales en estos casos». El resto era un memorial de agravios por los atropellos de la policía. Al final planteaban los tres puntos irrenunciables para la liberación de los rehenes: suspensión total de los operativos militares contra ellos en Medellín y Bogotá, retiro del Cuerpo Élite, que era la unidad especial de la policía contra el narcotráfico; destitución de su comandante y veinte oficiales más, a quienes señalaban como autores de las torturas y el asesinato de unos cuatrocientos jóvenes de la comuna nororiental de Medellín. De no cumplirse estas condiciones, los Extraditables emprenderían una guerra de exterminio, con atentados dinamiteros en las grandes ciudades, y asesinatos de jueces, políticos y periodistas. La conclusión era simple: «Si viene un golpe de Estado, bien venido. Ya no tenemos mucho que perder».
La respuesta escrita y sin diálogos previos debía ser entregada en el término de tres días en el Hotel Intercontinental de Medellín, donde habría una habitación reservada a nombre de Hernando Santos. Los intermediarios para los contactos siguientes serían indicados por los mismos Extraditables. Santos adoptó la decisión de Turbay de no divulgar el mensaje ni ningún otro siguiente, mientras no tuvieran una noticia consistente. «No podemos prestarnos para llevar recados de nadie al presidente -concluyó Turbay- ni ir más allá de lo que el decoro nos permita»…
Turbay le propuso a Santos que cada uno por separado escribiera una respuesta, y que luego las fundieran en una carta común. Así se hizo. El resultado, en esencia, fue una declaración formal de que no tenían ningún poder para interferir los asuntos del gobierno, pero estaban dispuestos a divulgar toda violación de las leyes o de los derechos humanos que los Extraditables denunciaran con pruebas terminantes. En cuanto a los operativos de la policía, les recordaban que no tenían facultad ninguna para impedirlos, ni podían pretender que se destituyera sin pruebas a veinte oficiales acusados, ni escribir editoriales contra una situación que ignoraban.